Un expediente de regulación de empleo (ERE) es un proceso permitido por la actual legislación española mediante el cual una empresa, que "supuestamente" se encuentra en una mala situación económica-financiera busca obtener autorización para tener la potestad de suspender o despedir a sus asalariados, teniendo como objetivo la obtención de un permiso otorgado por una autoridad laboral competente para suprimir la relaciones laborales en un entorno en el cual se garantiza los derechos de los trabajadores.
Este proceso administrativo laboral posee un carácter especial que puede ser tramitado por las siguientes causas:
- Despido colectivo argumentándose causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
- Supresión de la relación laboral por fuerza mayor entendiéndose esta como un hecho que no puede evitarse ni preverse.
- Suspensión de la relación laboral fundamentada en las mismas causas del primer apartado.
- Extinción de la relación laboral por la desaparición de la personalidad jurídica del contratante.
A continuación exponemos el caso ERE en Andalucía:
EL CASO MERCASEVILLA
El caso de los ERE tuvo su origen en el caso Mercasevilla, un caso de extorsión. La empresa Grupo La Raza, que iba a abrir una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla, recibió una subvención de 900.000 euros de la Junta de Andalucía para este propósito. El empresario se vio sorprendido por dos personas que le exigían la mitad de la subvención, a cambio de garantizarle posteriormente una subvención para dar cursos de formación. El exdelegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas, ha sido condenado por este caso, así como dos exdirectores de Mercasevilla (véase "Personajes públicos implicados").
En investigación del caso Mercasevilla llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya, se detectó que un militante del PSOE de Andalucía residente en Baeza había sido incluido en un ERE de Mercasevilla sin haber trabajado nunca para esta empresa. El posterior descubrimiento de más falsos prejubilados convirtió el caso Mercasevilla en el caso de los ERE.
FALSOS PREJUBILADOS
Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo. El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.
La prejubilación es una fórmula de finalización de contratos laborales, utilizada por acuerdo entre las empresas, los trabajadores y en su caso la Administración, si participa en la financiación de estas. Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas),su uso en este caso está cuestionado por la Policía Judicial.
El fraude se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo.La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5982 casos analizados, lo que supone el 3,06% del total, en 42 de las 68 empresas beneficiadas del fondo. De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares, se encontraron a ocho militantes del PSOE, que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs. También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares. El resto de las prejubilaciones no presentaba ninguna anomalía.
Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, enviada a la jueza del caso, ha calculado que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente nueve millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones mencionadas arriba.El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; sin embargo, la oposición del Partido Popular no cree en los datos de la Consejería de la propia Junta (que está implicada en la trama, ver abajo) y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta. El principal partido de la oposición también estima que existen 190 EREs ya finalizados que no han sido investigados y en los que podría haber prejubilados falsos, igual que en los EREs analizados por la Junta.
AYUDAS FRAUDULENTAS A EMPRESAS
Las subvenciones para empresas en crisis, como se indica arriba, ascendieron a 85 millones de euros. Estas eran gestionadas por el director general de Empleo de la Junta de Andalucía,Francisco Javier Guerrero Benítez, de una forma totalmente discrecional y arbitraria, sin ningún tipo de trámite ni control gubernamental o parlamentario. Guerrero llegó a autorizar peticiones de ayudas que le llegaban en un post-it.La investigación de la jueza Mercedes Alaya ha dado a conocer que Guerrero otorgó 887 subvenciones de forma irregular. Ante estos datos, la jueza decretó el ingreso en prisión de Guerrero.
Más de la mitad de estas subvenciones (50 millones de euros) tuvieron como destino a municipios de la Sierra Norte de Sevilla cuyos alcaldes eran del PSOE. Entre los imputados por este fraude está Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra, hermano del ex-presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y accionista de tres empresa
Juan Francisco Trujillo, chofér del propio director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, acusó a este ante la Guardia Civil de haberse autorizado a sí mismo y a él, ayudas por valor de un millón y medio de euros, con el fin de constituir dos empresas y una granja de pollos en la Sierra Norte de Sevilla. El chófer de Guerrero anunció ante los medios que con ese dinero no se formó ninguna empresa, sino que fue gastado en cocaína, copas y prostitución. Igualmente, Trujillo también afirmó sobornaba que a Guerrero para conseguir más subvenciones.
En investigación del caso Mercasevilla llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya, se detectó que un militante del PSOE de Andalucía residente en Baeza había sido incluido en un ERE de Mercasevilla sin haber trabajado nunca para esta empresa. El posterior descubrimiento de más falsos prejubilados convirtió el caso Mercasevilla en el caso de los ERE.
FALSOS PREJUBILADOS
Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo. El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.
La prejubilación es una fórmula de finalización de contratos laborales, utilizada por acuerdo entre las empresas, los trabajadores y en su caso la Administración, si participa en la financiación de estas. Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas),su uso en este caso está cuestionado por la Policía Judicial.
El fraude se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo.La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5982 casos analizados, lo que supone el 3,06% del total, en 42 de las 68 empresas beneficiadas del fondo. De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares, se encontraron a ocho militantes del PSOE, que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs. También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares. El resto de las prejubilaciones no presentaba ninguna anomalía.
Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, enviada a la jueza del caso, ha calculado que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente nueve millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones mencionadas arriba.El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; sin embargo, la oposición del Partido Popular no cree en los datos de la Consejería de la propia Junta (que está implicada en la trama, ver abajo) y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta. El principal partido de la oposición también estima que existen 190 EREs ya finalizados que no han sido investigados y en los que podría haber prejubilados falsos, igual que en los EREs analizados por la Junta.
AYUDAS FRAUDULENTAS A EMPRESAS
Las subvenciones para empresas en crisis, como se indica arriba, ascendieron a 85 millones de euros. Estas eran gestionadas por el director general de Empleo de la Junta de Andalucía,Francisco Javier Guerrero Benítez, de una forma totalmente discrecional y arbitraria, sin ningún tipo de trámite ni control gubernamental o parlamentario. Guerrero llegó a autorizar peticiones de ayudas que le llegaban en un post-it.La investigación de la jueza Mercedes Alaya ha dado a conocer que Guerrero otorgó 887 subvenciones de forma irregular. Ante estos datos, la jueza decretó el ingreso en prisión de Guerrero.
Más de la mitad de estas subvenciones (50 millones de euros) tuvieron como destino a municipios de la Sierra Norte de Sevilla cuyos alcaldes eran del PSOE. Entre los imputados por este fraude está Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra, hermano del ex-presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y accionista de tres empresa
Juan Francisco Trujillo, chofér del propio director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, acusó a este ante la Guardia Civil de haberse autorizado a sí mismo y a él, ayudas por valor de un millón y medio de euros, con el fin de constituir dos empresas y una granja de pollos en la Sierra Norte de Sevilla. El chófer de Guerrero anunció ante los medios que con ese dinero no se formó ninguna empresa, sino que fue gastado en cocaína, copas y prostitución. Igualmente, Trujillo también afirmó sobornaba que a Guerrero para conseguir más subvenciones.
Según
la última encuesta de la EPA, España cerró el ejercicio 2012 con
casi seis millones de parados, lo que supone una tasa de desempleo
superior al 26%. De ahí que cualquier profesional deba estar
debidamente informado de qué es y cómo se tramita un despido
colectivo.
Ahora
ofrecemos diferentes respuestas para enfrentarse a un ERE
1. ¿A
quiénes afecta esta medida? ¿Hay perfiles intocables?
El
empresario es quien elige a los empleados sobre los que recaerá esta
medida. Sin embargo, dicha facultad no es ilimitada, ya que está
sujeta a criterios de objetividad vinculados a las causas del despido
(edad, modalidad contractual, polivalencia, productividad individual,
titulación, capacitación, antigüedad, etcétera). Además, para
los representantes legales de los trabajadores se establece una
prioridad de permanencia, aunque existe la posibilidad de que por
convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de
consultas, se pueda imponer también cerco a favor de empleados con
cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con
discapacidad.
2. ¿Cuál
es la indemnización a la que tiene derecho una persona afectada por
un ERE? ¿Cómo se debe tratar en términos fiscales?
La
indemnización se acuerda entre las partes (empresa y representantes
de los trabajadores) con un mínimo de 20 días por año trabajado,
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año,
con un máximo de doce mensualidades y está exenta de tributación.
Cuando se trate de compañías con menos de 25 empleados, una parte
de la indemnización que corresponde al trabajador será objeto de
resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa), en una cantidad que equivale a ocho días de sueldo por año
de servicio.
3. ¿Cómo
ampara la ley a un despedido por ERE?
El
trabajador tiene derecho a una indemnización por despido; la
prestación por desempleo; un plan de recolocación externo, en
función de cada caso; y a impugnar su despido ante el orden
jurisdiccional social.
4. ¿Qué
sucede cuando la empresa no tiene dinero para pagar las
indemnizaciones?¿Y en qué circunstancias es ilegal un ERE?
En
el caso de que una compañía no pueda sufragar las indemnizaciones a
los trabajadores despedidos, será el Fogasa (organismo autónomo
adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social) el que garantice
la percepción de las mismas. En todos los casos con el límite de
una anualidad sin que el salario diario pueda exceder del doble del
sueldo mínimo interprofesional.
El
despido puede impugnarse por ausencia de causa que justifique la
medida; por defectos de forma, como por ejemplo no respetar el
periodo de consultas; por vulnerar los derechos fundamentales y las
libertades públicas de los trabajadores o de sus representantes; y
por haber adoptado la decisión con fraude, dolo, coacción o abuso
de derecho.
5. ¿Qué
obligaciones supone para la empresa la realización de un despido
colectivo?
Una
compañía que lleva a cabo un Expediente de Regulación de Empleo,
además de abonar las indemnizaciones acordadas o la mínima legal,
podría verse en la obligación de realizar aportaciones al Tesoro,
contratar los servicios de una firma de recolocación externa y
suscribir convenios especiales con la Tesorería General de la
Seguridad Social.
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